La decisión de aplazar las deportaciones fue un alivio para miles de jóvenes ilegales. Sin embargo, el corto plazo de residencia y los costos educativos complican a los universitarios.
Araceli Cortés ya había tomado una decisión antes de enterarse de un nuevo programa federal que aplaza su deportación de Estados Unidos: planeaba regresar a su natal México para perseguir su sueño de convertirse en médica.
Cortés, quien fue ingresada ilegalmente a Estados Unidos cuando era una niña, terminó sus estudios secundarios y asistió a una universidad en California.
Renunció a su trabajo, compró un boleto de avión a México y reservó un cupo para presentar un examen de ingreso a la carrera de Medicina.
Entonces, una semana antes de su partida, el presidente Barack Obama anunció que jóvenes inmigrantes sin autorización legal para residir en el país, como ella, tendrían la oportunidad de permanecer en Estados Unidos y obtener una visa de trabajo. Cortés canceló su boleto y decidió quedarse.
Esta semana, ella y otros miles comenzaron el proceso de solicitud, pero ella y muchos otros inmigrantes que estudian podrían enfrentar algunos difíciles obstáculos.
"No me están dando mucho", dijo Cortés, de 20 años. "Es sólo un permiso de dos años".
Obama fue claro al anunciar la medida: este no era un camino a la ciudadanía, sino más bien una oportunidad para evitar la deportación y trabajar.
Para los estudiantes que son inmigrantes sin permiso legal y se han graduado de la universidad, la nueva política significa que tendrán la oportunidad de trabajar en su campo de estudio, algo que antes sólo podían hacer como contratistas independientes o practicantes sin sueldo.
Para los inmigrantes más jóvenes como Cortés —se calcula que hasta 65.000 se gradúan de la escuela secundaria cada año—, se eliminarán algunos obstáculos para obtener un título universitario. El principal problema, sin embargo, seguirá siendo el costo.
Los préstamos federales y las becas, la mayor fuente de ayuda para los estudiantes universitarios, requieren que los estudiantes tengan un permiso de residencia o la ciudadanía estadounidense.
"Va a seguir siendo un reto para estos estudiantes cursar estudios superiores", dijo Deborah Santiago, cofundadora y vicepresidente de política e investigación de Excelencia en Educación. "No creo que los números sean altos".
Quienes eran unos niños cuando fueron ingresados sin permiso en los Estados Unidos tienen garantizado el derecho a la educación primaria y secundaria gracias a una decisión de la Corte Suprema en 1982.
Un número creciente de esos estudiantes están entrando en la adolescencia o son jóvenes adultos.
Hablan inglés, son parte de un club y practican deportes después de clases, y tienen las mismas aspiraciones de asistir a la universidad que sus compañeros.
Sin embargo, cuando se acercan a los 16 años, dejan de tener las mismas oportunidades.
Cuando la mayoría de los adolescentes obtienen una licencia de conducir, un primer empleo y comienzan a pensar en la universidad, los estudiantes inmigrantes sin autorización legal comienzan a ser conscientes de su condición.
"Ellos se quedan atascados, mientras que sus amigos siguen avanzando", dijo Roberto González, sociólogo de la Universidad de Chicago.
"Eso tiene enormes implicaciones en su propia capacidad para lograr una movilidad ascendente, en temas de autoestima y en el bienestar emocional y mental".
El fallo de la Corte Suprema no se ocupó de la educación superior. En su lugar, los estados y las universidades han creado sus propias políticas sobre la conveniencia de permitir que asistan los inmigrantes sin papeles.
Entre los inmigrantes sin autorización graduados de la escuela secundaria entre las edades de 18 a 24 años, el 49% ha asistido o está asistiendo a alguna universidad, en comparación con el 76% de los inmigrantes con autorización legal y el 71% de los residentes nacidos en Estados Unidos, según un estudio del Pew Hispanic Center con base en los datos del censo de 2008.
Jane Slater, que enseña inglés como segunda lengua en una escuela secundaria en Redwood City, California, dijo que menos de la mitad de los estudiantes que son inmigrantes sin autorización en su escuela asisten a la universidad. "Hay ese tipo de estado de ánimo sin esperanzas de '¿Por qué ir?' , dijo.
El precio de la matrícula y otras cuotas aumentaron el 439% entre 1982 y 2007, mientras que el ingreso familiar promedio se elevó 147%, según el Centro Nacional de Políticas Públicas y Educación Superior.
Préstamos para los padres y los estudiantes, subvenciones y becas ayudan al estudiante promedio a pagar cerca del 55% del costo, según un informe de Sallie Mae, el mayor prestamista privado de los estudiantes.
Los estudiantes que carecen de estatus legal en Estados Unidos tienen acceso a sólo una parte de esos recursos. Las becas privadas son a menudo muy disputadas, debido al limitado número disponible.
En unos pocos estados, ellos también son elegibles para ayudas estatales, pero en la mayoría, terminan por tener que pagar una matrícula significativamente mayor. Sólo 12 estados permiten a los inmigrantes sin permiso legal pagar el costo reducido de las matriculas estatales.
La mayoría de quienes sí se matriculan asisten a los centros universitarios comunitarios, pero a menudo sólo pueden pagar una o dos clases por semestre, o se ven obligados a suspender los estudios por ciertos períodos con el fin de trabajar a tiempo completo. Eso significa que les toma mucho más tiempo graduarse.
Cortés tomó clases de Colocación Avanzada en la escuela secundaria y fue aceptada en todas las escuelas de la Universidad de California a las que se presentó.
Aunque California es uno de los estados que permiten a los inmigrantes sin autorización pagar el costo reducido de la matrícula estatal, dijo que aún era demasiado caro.
Una universidad privada le ofreció una beca de 14.000 dólares, pero eso sólo cubre la mitad de los costos anuales.
En lugar de eso, ella decidió asistir a un centro universitario comunitario y encontró un trabajo a tiempo completo como cajera en un lavadero de autos para poder pagarlo.
Al igual que en muchos centros comunitarios, las clases que necesita tomar para estudiar Medicina —Biología y Química— se llenan rápidamente y para entrar, necesita una calificación crediticia superior.
Esto significa tomar clases de otras materias, con lo que termina por pagar cursos que poco tienen que ver con su título de médica.
Frustrada, empezó a buscar otras opciones. Su padre, que vive en México, la ayudó a llenar los formularios para presentarse para estudiar Medicina allí, pero debido a que canceló su boleto de avión, perdió el cupo para el examen y no podrá presentarlo pronto.
Cortés ha leído decenas de artículos en línea, grabó el discurso de Obama en la Casa Blanca y lo ha visto muchas veces para tratar de decidir qué hacer. "El fue muy específico al decir.
'No se equivoquen acerca de esto'", dijo. "Esto no es para la residencia o la ciudadanía". Cortés fue al consulado de México, que la puso en contacto con una organización, Dream in Mexico, que ayuda a los estudiantes a encontrar oportunidades educativas en México.
Ella se presentó al Tecnológico de Monterrey y está esperando una respuesta. Si la aceptan y le conceden una beca, se inclinará por tomarla, a pesar de que presentó la solicitud para permanecer en los Estados Unidos.
Cortés asume que va a ahorrar tiempo, dinero y aun así podría terminar por ejercer algún día la Medicina en Estados Unidos.
"Por mucho que me quiera quedar aquí y estar con mi familia, tengo que pensar en el futuro", dijo. "Tengo que pensar en lo mejor para mí". Fuente: AP
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