Se vence el plazo del pago de dos millones de dólares impuesto a Globovisión por el gobierno de Hugo Chávez

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El canal venezolano, sancionado por más de 2 millones de dólares, informó que esperará el fallo de la justicia. El plazo para cumplir con el abono vence el 31 de diciembre.

"Globovisión seguirá defendiendo sus derechos y aunque el Directorio de Responsabilidad Social del ente regulador estatal Conatel discrecionalmente impuso una fecha para pagar la multa, el 31 de diciembre, continuamos a la espera de que la Corte Primera y el Tribunal Supremo (TSJ) suspendan o anulen la multa, y emitan sentencias definitivas", señaló el canal en un comunicado.

"Conatel nos amenazó con cobrar judicialmente la multa, con el falso pretexto de que se agotaron las instancias judiciales.

No es verdad", zanjó el canal, asegurando que una corte local aún debe decidir sobre el recurso de nulidad que interpuso y que también el TSJ debe pronunciarse sobre el caso.

En octubre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sancionó a Globovisión con una multa de más de 2 millones de dólares por la cobertura de una crisis carcelaria que dejó en junio unos 30 muertos en la cárcel de El Rodeo, cerca de Caracas, y que según el organismo estatal, demostró "odio e intolerancia política".

Conatel estimó que el canal repitió demasiado los testimonios "desesperados" de los familiares y no las declaraciones oficiales.

"Esta reciente multa es arbitraria, injusta, financieramente impagable y moralmente inaceptable", señaló Globovisión este viernes, señalando que "acatará las decisiones de los tribunales que tienen jurisdicción en Venezuela, aunque no le favorezcan".

Globovisión acumula varias sanciones administrativas y ha sido amenazado de cierre en numerosas ocasiones por el Gobierno.

El presidente del canal, Guillermo Zuloaga, actualmente en Estados Unidos, es buscado por la justicia venezolana, que lo acusa de los delitos de usura y asociación para delinquir.

Los responsables del canal aseguran que son objeto de una persecución debido a su línea editorial muy crítica con el ejecutivo.

Sin embargo, el gobierno venezolano asegura que estas acciones legales responden a razones estrictamente legales.