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lunes, 7 de octubre de 2024

El Ministerio Público afirma tener 49 pruebas de la Operación Camaleón en la que se involucran varios jueces

Jochi Gómez obtuvo documentos secretos de la Procuraduría para frenar investigación, según el MP 
El Ministerio Público busca mantener a Gómez, en prisión preventiva para continuar con las indagatorias.

Jochi Gómez, obtuvo documentos secretos de la Procuraduría para frenar la investigación, según el Ministerio Público.  

Jochi Gómez, se encuentra encarcelado por su implicación en la Operación Camaleón 

De acuerdo con el expediente de solicitud de medidas de coerción del caso Camaleón, elaborado por el Ministerio Público, José –Jochi– Gómez Canaán, es uno de los principales imputados en el proceso, que habría obtenido documentos confidenciales de la Procuraduría General de la República para frenar la investigación de las autoridades en su contra. 

Una de las evidencias halladas en la casa de Gómez,  es una copia de una solicitud que hizo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a la Contraloría General de la República donde se pedían datos de los pagos que hizo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) a la empresa Transcore Latam. 

Según el informe de la Procuraduría, el imputado "tenía la investigación del Ministerio Público infiltrada" porque poseía documentos interinstitucionales que eran confidenciales y esenciales para la investigación. 

 Otro documento secreto encontrado en la residencia de Gómez fue una solicitud de investigación
especial a la Unidad de Antifraudes de la Contraloría. 

Con esa indagatoria, el Pepca buscaba detallar los procesos de compras y contrataciones, los contratos realizados, los datos financieros y los libramientos ejecutados en el Intrant ligados a la operación Camaleón. 

Jochi Gómez, accedería a llamadas y datos de ciudadanos con red de espionaje, según el MP Jochi Gómez, accedería a las llamadas y datos de ciudadanos con red de espionaje, según el MP. 

Aparte de los documentos confidenciales que Gómez, tenía en sus manos, el Ministerio Público relata que el encartado realizaba "actividades de seguimiento e inteligencia" a jueces y miembros del Poder Judicial. 

De acuerdo con la Procuraduría, en la casa de Gómez, se encontró un documento con la siguiente descripción: 

"1. Keila S. Pérez Santana: juez presidente, 
2. Elías Santini Perera: juez sustituto, 
3. Arisleyda Méndez Batista: juez 1ra. Instancia". 

Además, el documento contenía un cuadro con distintos nombres de jueces, abogados, alguaciles de estrado y oficinistas alguaciles. 

Pruebas materiales. 

El expediente del Ministerio Público detalla que las autoridades cuentan con 49 pruebas materiales para probar sus señalamientos contra los imputados en el caso Camaleón, por el que piden hasta 18 meses de prisión preventiva. 

Entre las pruebas materiales se encontraron drones, cámaras espías, microcámaras, armas de fuego a nombre de terceros, escopetas de alto calibre, siete drones de vigilancia, chalecos antibalas y relojes de marcas costosas. 

El Ministerio Público dice que hay pruebas suficientes contra los implicados en el caso operación Camaleón Negocios irregulares. 

El Ministerio Público señala a siete personas y dos empresas por el caso Camaleón, entre los que se incluye el exdirector del Intrant, Hugo Beras. 

De acuerdo con su imputación, los siete apresados ejecutaron negociaciones irregulares para contratar un servicio de modernización de los semáforos en Santo Domingo. 

Según la solicitud de medida de coerción, desde el Intrant supuestamente se orquestó una estructura de corrupción que buscaba beneficiarse económicamente con contratos millonarios que carecían de legalidad y que alegadamente buscaban estafar al Estado con un proceso de licitación en el que la empresa Transcore Latam obtuvo 1,317,350,997 pesos. Fuente: Externa
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jueves, 18 de noviembre de 2021

El ministerio público realiza 49 allanamientos y arrestan 3 Generales y varios oficiales implicados en la operación Coral 5G

El Ministerio Público informó sobre el arresto de varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general, como parte de la Operación Coral 5G, por presunta corrupción administrativa.

Se trata del general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.

Además, el operativo alcanza al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle. 

 “Coral 5G se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito”, dijo la Procuraduría en un comunicado de prensa. 

Explicó que un equipo de fiscales practicó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.
 
Los operativos son encabezados por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). 

En cuanto al expediente ya judicializado que se desprendió de la Operación Coral, y que precede a la etapa procesal abierta con la Coral 5G, el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito
Nacional a imponer, el 10 de mayo de este año, 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. 

Los imputados, arrestados a partir del inicio de la Operación Coral, el sábado 24 de abril de 2021, guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal. 

En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad. 

El 8 de agosto el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de coerción a todos los imputados. Para el pasado viernes 12 esa instancia judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz que tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado. 

Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego. 

“El entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina. 

Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos”, resaltó la PGR en el comunicado. 

 El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana. Fuente: LD
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