El Departamento de Justicia los consideró responsables de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008.
Gran parte del dinero será para indultar la deuda de los afectados.
El Departamento de Justicia anunció este jueves, tras 16 meses de investigación, que Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo y Ally Financial pagarán US$ 26 mil millones por su papel en la crisis hipotecaria.
El grueso principal de esa sanción, más de 20 mil millones, se traducirá en un compromiso de los bancos de indultar a los afectados una parte de la deuda que adquirieron al firmar los préstamos hipotecarios y programas para refinanciar sus hipotecas.
Además, las cinco entidades tendrán que pagar una multa en efectivo de unos US$ 2.700 millones directamente a los estados y otros 1.500 millones, que se repartirán entre las personas que perdieron sus viviendas por embargos "erróneos".
Del total, Nueva York recibirá en total unos 790 millones de dólares, de los cuales 136 millones irán directamente al estado, 13 millones serán para quienes perdieron sus viviendas, otros 140 millones servirán para refinanciar préstamo. Y el resto será destinado a reducciones de capital de los créditos hipotecarios.
Casi dos millones de propietarios en los Estados Unidos resultaron afectados por la burbuja inmobiliaria y unos 750 mil perdieron sus viviendas desde 2008.
Sólo en el estado de Nueva York, una de cada diez hipotecas están en peligro de terminar en una ejecución hipotecaria y las familias que habitan en viviendas "en riesgo" supera las 600 mil, según cifras oficiales.
El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, dijo que el acuerdo traerá un "alivio significativo" a los propietarios de viviendas en problemas.
Asimismo, ponderó a quienes siguieron "luchando" para lograr que los bancos rindieran cuentas por su papel en la crisis hipotecaria.
Con este acuerdo, "hemos logrado preservar nuestro derecho a seguir investigando una mala conducta que desembocó en la burbuja y el posterior descalabro del mercado inmobiliario", afirmó el funcionario en un comunicado de prensa.
El acuerdo incluye una cláusula que permite a las autoridades seguir investigando tanto en la Justicia civil como en la criminal las malas conductas del sector en la crisis subprime.
Las autoridades comenzaron a examinar las prácticas bancarias en 2010, cuando se puso de manifiesto que en los trámites de ejecución de las hipotecas los bancos incurrían en fraudes.
En el origen de esos desahucios irregulares está en que buena parte de los préstamos concedidos antes de la crisis habían sido "empaquetados" y revendidos a grandes inversores, de tal manera que no quedaba claro quién era el titular último del préstamo. Fuente: EFE
+1.jpg)
+1.jpg){kind=link}
