
La denuncia la realizaron a partir del caso de Franklin Brito, un agricultor que realiza una huelga de hambre en protesta por las leyes agrarias del gobierno de Hugo Chávez, que en represalia le quitó sus tierras.
Las autoridades venezolanas impidieron, en el último mes, que representantes de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Cruz Roja pudieran entrevistar al huelguista y corroborar su estado de salud.
Esto despertó las críticas de ONG defensoras de los derechos humanos que denunciaron al gobierno de Hugo Chávez.
Brito es un hombre de 1,90 metros de estatura que pesa 49 kilos y según afirman los activistas, con su caso se desatendieron todas las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"En Venezuela, hay una creciente utilización del sistema judicial para criminalizar la protesta pacífica", denuncia Liliana Ortega, miembro fundador de COFAVIC, organización no gubernamental para la protección y promoción de los derechos humanos.
Según datos propios de esta organización, en el país unas 3.000 personas son sometidas a juicio por participar en alguna protesta social contraria a los intereses del gobierno.
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